Este Juzgado Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADA en los términos expuesto en la motiva del fallo, la transacción celebrada entre el accionante GARCIA SAN MARTIN FERNANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 6.163.169, representado por el abogado JUAN CARLOS DIAZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.049, quien con plena capacidad, libre de toda coacción o apremio y en pleno consentimiento, asistió y representó en todo momento al accionante; de igual modo la parte demandada BUHOS ON LINE C.A., antes identificada, se encontraban representada por sus apoderadas judiciales ALIDA VILLASANA y ANAIZ ANDUAZA, Abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 34.347, 185.769, respectivamente. Así se decide.-

Este Juzgado Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADA en los términos expuesto en la motiva del fallo, la transacción celebrada entre el ciudadano Miguel Eduardo Colmenárez Gallardo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 18.302.707, asistido por los abogados Mariana Peraza Y Wilmer Amaro Duran, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nro. 119.447 y 136.002 respectivamente, y por la parte demandada la empresa AGUILAS PROTECCION INTEGRAL C.A., antes identificados, se encontraba representado en todo momento por su abogada Blanca Barrios, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.364. Así se decide.-

Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que luego de recalcular los conceptos pretendidos, tomando en cuenta el cumplimiento de algunos beneficios efectuados durante la relación; se estableció como monto definitivo transaccional la cantidad de Bs. 40.000,00, con lo cual quedan satisfechos los beneficios laborales pretendidos; no evidenciándose menoscabo de los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece. En virtud de la aceptación de la parte demandante en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.

éste Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara esta actuación TITULO SUPLETORIO bastante para asegurar los derechos en la sucesión de la causante ADA BERTINA RODRIGUEZ de MONTES DE OCA, antes identificada y DECLARA COMO SUS ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, a los ciudadanos FRANCISCO JAVIER MONTES DE OCA RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE MONTES DE OCA MENDOZA, MILDRED IRALY MONTES DE OCA RODRIGUEZ y ADALIS MARIA MONTES DE OCA RODRIGUEZ, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. 20.499.212, 5.929.322, 14.377.367 y 15.413.691, respectivamente, quienes como tales concurrirán a la herencia dejada por la de-cujus, dejando a salvo los derechos de terceros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese y Publíquese. Expídase copia certificada de todas las actuaciones que conforman la solicitud así como de esta decisión. Devuélvanse los originales .....

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niñas y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara - Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en concordancia con el Artículo 22 ejusdem, ORDENA sin mas dilaciones al organismo competente de identificación y extranjería, el tramite del Pasaporte venezolano, en beneficio de la adolescente.

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niñas y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara - Barquisimeto, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo previsto en el artículo 177, parágrafo segundo, literal "e", de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente en concordancia con el Artículo 22 ejusdem, CONCEDE AUTORIZACION SUFICIENTE a la ciudadana: ASTRID CAROLINA GRATEROL GUEDEZ, para que tramite el pasaporte ante el Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en beneficio de su hijo.

El Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: HOMOLOGA el desistimiento manifestado por la parte actora, conforme a lo dispuesto en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, por remisión supletoria del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, en virtud de la naturaleza del fallo. TERCERO: Se ordena notificar de ésta decisión a la Procuraduría General de la República, al Inspector del Trabajo que dictó la providencia administrativa y a la representación del Ministerio del Trabajo.

Este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: SUSPENDER de conformidad con el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo Nº SNAT/INTI/GRTI/RCO/DSA/2012/EXP Nº 01187/72/74 de fecha 01/08/2012 y notificada el 22/08/2012.

Se admiten salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas documentales, el valor probatorio de las documentales anexadas al escrito libelar y del Decreto Nro. 7.791, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Nro. 39.550 de fecha 11 de noviembre de 2010 e informes promovidas por el apoderado judicial del recurrente.

Se admiten salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas documentales, el valor probatorio de las documentales anexadas al escrito libelar y del Decreto Nro. 7.791, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Nro. 39.550 de fecha 11 de noviembre de 2010 e informes promovidas por el apoderado judicial del recurrente.