En virtud de lo previsto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, donde establece:"...Toda Instancia se extingue por el transcurso de Un (1) año, sin haberse ejecutado ningún acto de proceder por las partes. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la Perención..." Procede la Perención desde el momento mismo en que no se cumple el término correspondiente. En la presente Solicitud la última actuación es de fecha 28 de Abril de 2006. En caso que se pretenda seguirla adelante, habrá que intentar nuevamente, el proceso pues no se extingue la acción pero si el proceso, no pudiendo la solicitante volver a presentar su Solicitud antes de haber transcurrido Noventa (90) días continuos de verificada la Perención en la presente causa. En consecuencia, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara PERIMIDA, la presente causa, de conformidad con el Artículo 267 en concordancia .....

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA INTERDICCIÓN DEFINITIVA del ciudadano JULIO CESAR ROSARIO RODRÍGUEZ, plenamente identificado en autos. En consecuencia, se designa como Tutora Definitiva del entredicho a la ciudadana MIRTA ELISANDRA ROSARIO RODRÍGUEZ. Se ordena registrar la presente sentencia de Interdicción Definitiva, así como también la publicación de un extracto de la misma, por ante un periódico de la localidad.

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, ORDENA la rectificación de la partida de nacimiento de la ciudadana GRICELDINA MARÍA AZUAJE TORO, inscrita por ante los Libros de Registro Civil de Nacimientos llevados por la Primera Autoridad Civil del Municipio Biscucuy, Distrito Sucre del estado Portuguesa (hoy Municipio Sucre), y por la Oficina de Registro Principal de ese mismo estado, bajo el Nº 384, del año mil novecientos sesenta y nueve (1969); quedando establecido que la correcta escritura de los nombres y apellidos de los padres de la mencionada ciudadana son "JUAN MARTÍN AZUAJE SAÉZ" y "MARÍA LORENZA TORO DE AZUAJE".

Por cuanto de la propia confesión de la parte actora, quien ha manifestado además de la renuncia a la demanda, alega que ha encontrado vivienda para mudarse, y en virtud que el día 11/04/2007, este órgano jurisdiccional había decretado medida innominada de suspender la ejecución de la sentencia que llevaba el Juzgado Primero del Municipio Guanare de esta Circunscripción Judicial, en la causa N° 1982, donde aparece como ejecutante la ciudadana Herminia Chiquinquirá Catarí Gutiérrez, y demandada la ciudadana Bicey Ruiz, se ordena revocar ese medida innominada, y en consecuencia, se ordena librar oficio dirigido al Tribunal de aquella causa para que continué con la ejecución de ese fallo, ya que no tiene sentido continuar con esta medida cuando ya el peligro o daño que pudiera ocasionársele ha cesado. Así se decide.

Los imperativos jurídicos de la lealtad y probidad de las partes, y de la responsabilidad civil que tiene por sus actuaciones temerarias de mala fe, cuando violan las normas adjetivas señaladas, es que pueden ser demandados por daños y perjuicios por alguna de las partes, pero también pueden ser sancionados por el juez por falta de lealtad y probidad en el proceso contrarias a la ética profesional, en que incurrió la profesional del derecho Ana Jiménez de Núñez, al intervenir en este proceso, cuando ya con anterioridad y con su conocimiento esta excluida de ejercer en este despacho judicial por mandato del primer aparte del Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, y por el fallo que se había dictado el 04/06/2007, por lo que se ordena pasarla al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Portuguesa, autoridad competente para llevar a cabo el procedimiento disciplinario de suspensión del ejercicio profesional por haber actuado en franca violación a la Ley de Abogado.....