En este orden de ideas, aplicando los criterios jurisprudenciales arriba transcritos los cuales este Tribunal, hace suyo y en armonía con lo dispuesto en el artículo 901 del Código de Procedimiento Civil, observa quien aquí suscribe, que siendo la solicitud que la motiva un justificativo que debe ser evacuado en jurisdicción graciosa, y por cuanto hubo oposición, resulta forzoso para este juzgador SOBRESEER el referido pedimento, tal y como lo hace formalmente en este acto, y da por terminada el presente asunto. Así se decide.

En el presente caso, se observa que, la parte actora, no realizó ningún acto tendiente a impulsar el proceso desde el día veintiocho (28) de julio de 2.022; transcurriendo en este caso especifico más de un año, lo que demuestra indiscutiblemente la ocurrencia del supuesto contenido en la norma señalada y siendo el instituto procesal comentado de orden público, irrenunciable por las partes y verificable de derecho, se DECLARA CONSUMADA DE HECHO Y DE DERECHO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y terminado el procedimiento. Así se decide.

En consecuencia, no es advertido la existencia de un vicio en la citación que conculque el orden público, pues como ha sido referido el demandado de autos fue impuesto válidamente de la orden de comparecencia librada por este Tribunal por parte del Alguacil comisionado. Y en ese momento quedó efectivamente citado. Cumpliéndose, además, el trámite establecido en el artículo 218 del código adjetivo común, por no haber querido firmar, razón por la cual, debe ser negada por IMPROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa al estado de ser practicada nuevamente la citación del demandado. Así se decide

En el caso de marras, se advierte que la solicitud de prórroga del lapso de evacuación de pruebas por parte del demandante, es realizado una vez precluido el lapso de treinta (30) días a que se refiere el artículo 221 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a tal efecto, SE NIEGA lo solicitado por el abogado Gegdiel Castellano, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadano FRANCISCO ARTURO OLIVO BUSTAMANTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.161.528. Así se decide.

Ahora bien, del análisis de las pruebas acopiadas en autos, es decir, de las deposiciones de los testigos evacuados, de la inspección judicial e instrumentos cursantes en autos; y de la lectura de la narrativa libelar y de contestación de la demanda, este tribunal, concluye que ha quedado demostrado la posesión agraria de la ciudadana DAHIANA CAROLINA BALZA GRATEROL, para el momento del despojo alegado, la ocurrencia de éste por parte de la ciudadana MARÍA DEL CARMEN RONDÓN DE ALISCANO, y la determinación del predio objeto de la demanda. Lo cual dirige a este tribunal, a considerar demostrados los requisitos necesarios para la procedencia de la acción intentada, a saber; la posesión legítima, el despojo y la determinación del área despojada. Se desprende de autos el hecho productivo y conservativo, constitutivo de la posesión agraria, la posesión indebida o ilegitima de la demandada sobre el inmueble, devenida de actuación de vías de hecho, y la determinación del objeto del juicio. Por.....