Dicho lo anterior, este Tribunal observa de los hechos narrados por la parte solicitante, así como de las pruebas traídas a las actas procesales, la existencia de una situación que amerita la utilización, por parte de este Tribunal, de sus amplios poderes cautelares, ante la preexistencia y posibilidad de un conflicto entre las partes puede originarse la afectación de la producción alimentaria destinado al consumidor, razón por lo cual declara procedente la medida de protección agropecuaria decretada la cual mantendrá una vigencia de acuerdo al ciclo biológico del ganado de doce (12) meses, revisable al término sobre las condiciones existentes para la garantía de la consecución de la producción agropecuaria. Y así se decide.

En este sentido, observa este juzgador, que la prueba evacuada de la declaración del testigo José Gregorio Araujo Herrera, ante esta instancia no demuestran, ni siquiera en forma presuntiva, los hechos alegados por el peticionante de la medida cautelar, necesarios para que sea dictada la tutela requerida. Así pues, no se desprende de los autos que se haya demostrado la confluencia del fumus bonis iuris, periculum in mora y periculum in danni; razón por la cual debe ser declarada IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar realizada por el ciudadano ALÁN FERNANDO RODRÍGUEZ DUN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-17.616.033, debidamente representado por su apoderado judicial abogado Servando Vargas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 30.890. Así se decide.-

En consecuencia, al no haber transcurrido la oportunidad procesal para el desconocimiento o tacha y encontrándose activa la presente causa, este Tribunal, NIEGA el desglose de los documentos solicitado. Así se decide.-