Pues bien, con base en la jurisprudencia precedentemente transcrita, es evidente que el juez competente para dirimir el presente juicio, es el de la materia agraria, en aras de que en las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que la accionante pretende la liquidación y partición de los bienes adquiridos dentro de la comunidad conyugal, cuyo objeto está referido a la partición de bienes agrarios y extra-agrarios, por tanto a objeto de mantener y salvaguardar los bienes agrarios, es forzoso concluir que este juzgado es el competente, consistiendo el expreso pronunciamiento sobre la propiedad común, existencia y proporción; o no; al fondo de la sentencia, como requisito de procedencia de la acción propuesta y se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

Así pues, se evidencia que existe un asunto que debe ser resuelto por esta jurisdicción agraria, bajo el número 00746-A-23, nomenclatura de este Tribunal, cuya decisión incidiría considerablemente en la resolución de la demanda bajo estudio, pues podría modificar o no, la situación de fáctica, sobre la existencia, de bienes a liquidar, que constituye el objeto de la partición que se pretende en, razón por la cual, debe ser declarada CON LUGAR la cuestión previa opuesta, referida a la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 209 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y 355 del Código de Procedimiento Civil, este procedimiento continuará su curso hasta llegar a la oportunidad de fijarse la celebración de la Audiencia de Pruebas, establecida en los artículos 222 y siguientes de la mencionada Ley especial, oportunidad en la cual se dictará suspenderá el proceso, en consideración.....