Por lo motivos expuestos, este TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, Sala de Juicio, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y a tenor de lo establecido en el artículo 76 de Constitución Bolivariana de Venezuela y de lo establecido en el artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y visto el convenimiento a que llegaron los ciudadanos JOSE RAFAEL LAVIERI RONDON y YAMERVI KARINA CORTEZ TOVAR, titulares de las Cédulas de Identidad números 13.596.042 y 15.215.165, respectivamente, y por cuanto el mismo no está incurso en las causales de no Homologación, establecidas en el artículo 317 de la citada Ley, se HOMOLOGA, el presente convenimiento de Obligación Alimentaria y Régimen de Visitas. Y ASI SE DECIDE. Así mismo se declara que el ciudadano JOSE RAGFAEL LAVIERI RONDON, esta obligado a suministrarle a su hijo ......

En este estado el Tribunal ha hecho una revisión de las actas, observa que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de este Circuito y Circunscripción judicial, en fecha 01 de Octubre de 1.998, dictó sentencia declarando CON LUGAR el Divorcio 185A, demandado por los ciudadanos LUIS ISRAEL TORREALBA MENDEZ y MARIA CONCETTINA SPADARO BLANCO, titulares de las Cédulas de Identidad números 8.193.614 y 9.839.454, respectivamente; cuando aún no había entrado en vigencia la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. En consecuencia, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA TERMINADO el presente procedimiento ordenándose el cierre y archivo del mismo.

Por todas las razones de hecho y de derechos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara TERMINADA la presente causa, y ordena CIERRE Y ARCHIVO de la misma.