El Tribunal, advierte expresamente que al ser el presente proceso de conocimiento de la jurisdicción especial agraria, LA PRÁCTICA DE LA EJECUCIÓN de la medida nominada dictada, debe atenderse la holística respectiva, de los postulados establecidos en los artículos 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y así ha de mantenerse y asegurar el desarrollo de las actividades agrícolas, en el ámbito de la especialidad y autonomía del derecho agrario, razón por la cual, SE EXCLUYEN EXPLÍCITAMENTE de la ejecución de la presente medida cautelar, todos aquellos bienes propiedad del demandado que se encuentren vinculados con la actividad agraria, en resguardo al interés público de la continuidad de los procesos agro-productivos en la República. Así se decide.

En consecuencia, siendo pacífica y reiterada la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República de considerar que las constancias emanadas de los consejos comunales NO SON DOCUMENTOS PUBLICOS, y siendo que el artículo 1380 del Código Civil, exige como requisito sine que nom para poder tramitarse el juicio de tacha que el mismo verse sobre un "instrumento público" es por lo que debe sucumbir la pretensión de la demandante, ciudadana: MONICA FANZUTTO DIAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.138.577, abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. N° 47.991 de tachar de falsedad la constancia de ocupación emitida por el Consejo Comunal de Mijaguito ("HS"), la cual se afirma que los demandados, ciudadanos CARLOS ALBERTO y JEAN CARLO SUAREZ VALERA, "se encuentran ocupando un terreno con una superficie de 187 Has, propiedad de APOLINAR SUAREZ, en Mijaguito, Sector Arriba, desde hace 16 años", teniendo abierta la posibilidad de desvirtuar su certeza por otra.....

Establecido lo anterior, entiende este juzgador, que siendo el director del proceso y en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva en su forma de debido proceso establecido en los artículos 26, 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, por ser un auto de mera sustanciación, podrá realizar la Revocatoria del mismo, por haberse incurrido en un error. En consecuencia, se considera procedente y se REVOCA y se DEJA sin efecto el nueve (09) de junio de 2.025, que cursa al folio doscientos treinta y cinco (235) de la pieza principal del presente expediente. Así se decide.