El Tribunal, advierte expresamente que al ser el presente proceso de conocimiento de la jurisdicción especial agraria, LA PRÁCTICA DE LA EJECUCIÓN de la medida nominada dictada, debe atenderse ala holística perspectiva, de los postulados establecidos en los artículos 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y así ha de mantenerse y asegurar el desarrollo de las actividades agrícolas, en el ámbito de la especialidad y autonomía del derecho agrario, razón por la cual, SE EXCLUYEN EXPLÍCITAMENTE de la ejecución de la presente medida cautelar, todos aquellos bienes propiedad del demandado que se encuentren vinculados con la actividad agraria, en resguardo al interés público de la continuidad de los procesos agro-productivos en la República. Así se decide.

Revisadas como fueron las actas que componen el cuaderno principal, se observa, que en el presente caso existen elementos que conllevan a precaver la afectación negativa de la ejecución de la sentencia. En consecuencia, se considera al menos en apariencia, satisfechos los elementos para que sea decretada la medida de embargo, solicitada por la parte actora, floreciendo en "presunción grave", los elementos tradicionales constitutivos de la medida, es decir, la existencia del periculum in mora y del fumus bonis iuris, exigidos de acuerdo al contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a razón de lo establecido en el artículo 244 de la Ley especial agraria. Al respecto del primero, este Tribunal observa, la prueba instrumental promovida por el accionante, demuestran lo exigido en el grado requerido en la mencionada norma especial agraria; es decir, se presume el derecho invocado por la parte demandante, sobre la acreencia demandada y el riesgo de que quede ilusoria la eje.....

De acuerdo con lo expuesto, es evidente la falta de interés de la parte accionante de instruir la presente, en virtud que la misma no concurrió en ningún momento, después de introducir la demanda a este Despacho, lo que inevitablemente hace presumir que la situación jurídica que dio lugar al surgimiento de la necesidad de administración de justicia ha cesado, por lo que resulta forzoso para este Juzgado establecer la existencia en autos de la pérdida del interés procesal de la parte accionante, ya que la misma no compareció a gestionar lo conducente para la culminación de la presente, y en consecuencia debe declararse el decaimiento y extinción de la causa.

De acuerdo con lo expuesto, es evidente la falta de interés de la parte accionante de instruir la presente, en virtud que la misma no concurrió en ningún momento, después de introducir la demanda a este Despacho, lo que inevitablemente hace presumir que la situación jurídica que dio lugar al surgimiento de la necesidad de administración de justicia ha cesado, por lo que resulta forzoso para este Juzgado establecer la existencia en autos de la pérdida del interés procesal de la parte accionante, ya que la misma no compareció a gestionar lo conducente para la culminación de la presente, y en consecuencia debe declararse el decaimiento y extinción de la causa.

-X- DISPOSITIVA Conforme a los hechos constatados y al derecho aplicado, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 14 de mayo de 2024, por la abogada Ana Hurí Bustos Rodríguez, en su condición de apoderada judicial de los ciudadanos Margarita María Pérez Pérez y Edixon Pastor Jiménez Rivero, parte actora, contra la sentencia definitiva pronunciada en fecha 02 de mayo de 2024, por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, mediante la cual declaró inadmisible la demanda subsidiaria de daños y perjuicios y sin lugar la demanda d.....

III DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, Administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la presente demanda que por motivo de DESALOJO DE INMUEBLE (USO COMERCIAL), incoó la ciudadana ANA TERESA SAVELLI CASTELLANOS, contra el ciudadano FÉLIX JOSÉ PÉREZ BRICEÑO. SEGUNDO: De conformidad a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, SE CONDENA EN COSTAS PROCESALES A LA DEMANDANTE, por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio. Por cuanto la presente decisión se dictó dentro del lapso, se hace innecesaria la notificación de las partes. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Dada, firmada y sellada en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuit.....

DISPOSITIVA Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Guanarito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la Solicitud de Divorcio por desafecto, propuesta por la ciudadana: ROSMARY DEL CARMEN ARMEDIA LOZADA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-23.049.239, de conformidad con lo establecido en el criterio que con carácter vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 1.070 de fecha 09/12/2016 y la sentencia 446 de fecha 15/05/2014, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaratoria, queda DISUELTO el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos: ROSMARY DEL CARMEN ARMEDIA LOZADA y KENNI ANDUHAI ESCOBAR IGUARO, ti.....

´on base a los fundamentos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure Del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial Del Estado Portuguesa en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN a la aceptación por parte de la ciudadana BARBARA RAMONA CUICAS ARANGUREN, Venezolana, mayor de edad, divorciada, titular de las cédula de identidad Nº V-4.201.272, asistida por el abogado JOHNNY ARGENIS PÉREZ TORREALBA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.141.066, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 320.205, con relación al contenido y la firma que suscribe el instrumento privado contentivo de una venta pura y simple e irrevocable a favor de la ciudadana AMANDA LORENA LINARES BURGOS, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de las cédula de identidad Nº V-22.105.889, domiciliada en la cuidad de Araure es.....

Con base a los fundamentos anteriormente expuestos, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure Del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial Del Estado Portuguesa en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Se IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN a la aceptación por parte de la ciudadana KARLA LILIBETH NUÑEZ LUZARDO, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de las cédula de identidad Nº V-18.444.003, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 306.759, actuando en propio nombre y representación, con relación al contenido y la firma que suscribe el instrumento privado contentivo de una venta pura y simple e irrevocable a favor del ciudadano JHON FABIO ÁLVAREZ VILLAMIZAR, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de las cédula de identidad Nº V-19.283.847, domiciliado en la cuidad de Acarigua estado Portuguesa, asistido por el abogado JORGE CRUZ FONSECA, venezolano, mayor de edad, tit.....

Ahora bien, en virtud de lo anterior, así como las normas antes transcritas este Tribunal IMPARTE SU HOMOLOGACIÓN, dándole autoridad de cosa juzgada en lo relativo al Reconocimiento del Contenido y Firma del documento privado de Compra venta objeto del presente juicio, que riela al folio 04 frente y vuelto, suscritos por los ciudadanos: la ciudadana: PAULA MARIA BARCO REYES, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Números: V- 17.277.328, domiciliada en el Municipio Turen Estado Portuguesa, respectivamente, y la ciudadana: LORENA JOHANA ORLANDO TESTI, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 17.797.471 domiciliada en Villa Bruzual del Municipio Turen del Estado Portuguesa. Se da por TERMINADO el presente juicio, conforme a lo previsto en el artículo 363 del citado Código Adjetivo. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo. – Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión a los fines de su .....