En el presente caso, se observa que, la parte actora, no realizó ningún acto tendiente a impulsar el proceso desde el día diez (10) de febrero de 2.021; transcurriendo en este caso especifico más de un año, lo que demuestra indiscutiblemente la ocurrencia del supuesto contenido en la norma señalada y siendo el instituto procesal comentado de orden público, irrenunciable por las partes y verificable de derecho, se DECLARA CONSUMADA DE HECHO Y DE DERECHO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y terminado el procedimiento. Así se decide.

No obstante, no puede pasar por alto este Tribunal la serie de hechos argumentados inicialmente por los ciudadanos JUSTINA ANTONIA BRIZUELA DE SANCHEZ, PEDRO EMILIO SANCHEZ BRIZUELA y CARLOS JOHAN RAMIREZ, y, después por la primera de las mencionadas, en la que desconocen el referido documento privado cuando inicialmente lo habían reconocido delante de la secretaria del tribunal, argumentando para ello un dolo, lo cual puede constituir un delito, circunstancia que motiva a este Órgano Jurisdiccional a notificar de esta situación al Ministerio Público para que de considerarlo procedente actúe en consecuencia, para lo cual se ordena remitir copia certificada de todo el presente expediente. Así se decide.

Establecido, entonces, que la Acción de Amparo Constitucional, tramitada conforme las reglas del procedimiento ordinario agrario, es un mecanismo procesal breve, eficaz y efectivo para el cese de cualquier acto como el caso de marras y de tutela de todos los derechos constitucionales denunciados por el presunto agraviado, y todas cuyas violaciones devienen de un hecho único y particular el cual es la afectación de violaciones de los presuntos agraviantes, de las actividades agrarias realizadas, conllevan a este juzgador a desechar in limine litis, la acción de Amparo Constitucional y debe ser irremediablemente declarada INADMISIBLE a tenor de lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo. Así se decide.