Visto el acuerdo celebrado por los ciudadanos NICOLAS LINARES LINARES y EVYS YULIMAR ARRIECHI ARRIECHI, titulares de las cédulas de identidad Nº 15.906.858 y 13.604.699 respectivamente, por ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público con Competencia en Materia de Protección del Niño y del Adolescente y ratificada por ante la sala de este Tribunal, sobre el establecimiento de la obligación alimentaria en beneficio del niño JOSE RAFAEL LINARES ARRIECHI, de 11 años de edad, donde el padre se obliga a suministrar por obligación alimentaria la cantidad de 50.000 bolívares mensuales los cuales entregará a la ciudadana Evys Yulimar Arriechi Arriechi previo recibo firmado; así como también se obliga a cancelar el 50% de los gastos de medicinas, vestuarios, útiles escolares y calzados del niño en cuestión y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio no vulnera los derechos del niño, el Tribunal le imparte su homologación y le da carácter de cosa juzgada, de acuerdo con los artículos 315 y 317 de.....

Por los anteriores razonamientos este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la demanda que motivó este juicio. En consecuencia acuerda la OBLIGACIÓN ALIMENTARIA de MIGUEL ANTONIO OCHOA LÓPEZ para sus hijos, los niños PABLO ANTONIO OCHOA SANTANA y ORLANDIS MIGUEL OCHOA SANTANA, en la cantidad de de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 120.000,00) mensuales, DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 240.000,00) en el mes de agosto y TRESCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 320.000,oo) en le mes de diciembre. Igualmente el padre deberá suministrar los gastos de medicina y vestuario que ameriten sus hijos.

HOMOLOGADA LA PRESENTE CONCILIACIÓN, en cuanto a la fijación de la Obligación Alimentaria se refiere por su competencia de este Juzgado y le da carácter de cosa Juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 Eiusdem, en concordancia con los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Convertida en Divorcio la Separación Legal de Cuerpos y Bienes, interpuesta por los ciudadanos: Honorio Wilman Soto Almario y Celinia Teodora Navas Veliz, antes identificados en autos, decretada por el Tribunal donde se inició la causa en fecha 10 de Enero de 1.996, según el Artículo 189 del Código Civil. En consecuencia, de conformidad con el Artículo 184 eiusdem, queda DISUELTO el vinculo conyugal contraído por los referidos ciudadanos, por ante la Prefectura del Municipio Guanarito del Estado Portuguesa, el día Seis de Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Ocho, (06/08/1.988); tal como consta en el Acta No. 53.

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la Solicitud de Divorcio propuesta por los ciudadanos: Franklin José Graterol Rivas y Decni Beatriz Barrios Calderón, plenamente identificados en autos, según el Artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia, conforme al Artículo 184 eiusdem, queda DISUELTO el vínculo conyugal contraído por los referidos ciudadanos, por ante la Prefectura del Municipio Guanare del Estado Portuguesa, el día Once de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Seis, (11/09/1.996), tal como consta en el Acta No. 302.

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la Solicitud de Divorcio propuesta por los ciudadanos: Juan Bautista Fernández Castillo y María de Lourden Pérez, plenamente identificados en autos, según el Artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia, conforme al Artículo 184 eiusdem, queda DISUELTO el vínculo conyugal contraído por los referidos ciudadanos, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Córdoba, Municipio Guanare del Estado Portuguesa, el día Dieciocho de Diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Uno, (18/12/1.981), tal como consta en el Acta N° 15.

Este Tribunal de Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA Ejecutar la Sentencia Absolutoria, y se ordena la LIBERTAD PLENA de los ciudadanos CARMEN ALICIA RIERA y PABLO JACINTO ARROYO. Así mismo se acuerda el cese de la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, acordada en fecha 18-03-2003 por el Tribunal de Control Nº 01.

DECLARAR LA PRORROGA POR UN MAXIMA DE 15 DIAS, de conformidad con la norma del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la misma a partir de las fechas señaladas ut supra

DISPOSITIVA En atención a los fundamentos señalados, este Juzgado en Función de Ejecución N° 1 del Circuito Judicial penal del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado en Función de Control N° 2 de este Circuito Judicial Penal contra el ciudadano GONZALEZ OCANTO JOSE GREGORIO, antes identificado. La Juez de Ejecución No. 1 Abg. Carmen Zoraida Vargas López La Secretaria, Abog. Reina Rangel Seguidamente se cumplió. Conste. La Secretaria, CZVL/rr CAUSA 1E-877-05

DECLARA, estas diligencias, suficientes para asegurarle al ciudadano: LUIS ALBERTO PELAYO GARCÍA, antes Identificado, el derecho de propiedad y posesión, sobre las bienhechurias determinadas, quedando siempre a salvo los derechos de terceros.- Se provea del respectivo TITULO SUPLETORIO sobre las bienhechuria edificadas dentro de la referida parcela de terreno. Así mismo se deja constancia que el solicitante presentó la autorización del Instituto Nacional de Tierras (I.N.T.I)-Devuélvanse estas actuaciones originales con sus resultas.-