Este Tribunal Segundo de Juicio de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa con sede en Acarigua Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Parcialmente con lugar la demanda incoada por los ciudadanos José Rafael Linares Hernández, Ricardo José Hernández y Juan Alberto Monge Agaton, contra la Sociedad Mercantil Inversiones Delgado Salas (INDELSA), todos identificados a los autos, y en consecuencia se condena a esta ultima al pago de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES (Bs. 9.405.984,00), al ciudadano José Rafael Linares Hernández, la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 12.786.000,OO) al ciudadano Ricardo José Hernández y al pago de NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES (Bs.9.525.938,00 ) al ciudadano Juan Alberto Monge Agaton.

Este Tribunal Segundo de Juicio de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa con sede en Acarigua Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Parcialmente con lugar la demanda incoada por el ciudadano Víctor Meléndez, contra la Sociedad Mercantil Inversiones Delgado Salas (INDELSA), ambos identificados a los autos, y en consecuencia se condena a esta ultima al pago de NUEVE MILLONES QUINISENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 9.581.038,77 ), al ciudadano Víctor Meléndez

Ahora bien, encontrándose la demandante dentro del supuesto establecido en el articulo in comento, considera quien decide que no tiene este Tribunal del Trabajo jurisdicción para conocer de la causa, por cuanto corresponde a la Inspectorias del Trabajo el conocimiento de la solicitud incoada, y en consecuencia este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara que NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud intentada por la ciudadana Denny Delsinay Cesar Peña contra la sociedad Mercantil ELEOCCIDENTE.