siendo las medidas preventivas motivo de urgencia a fin de asegurar las resultas del juicio, a objeto que no quede ilusorio el mismo; y no teniendo éste tribunal conocimiento sí dentro del tiempo transcurrido hayan realizado las partes actos de autocomposición procesal, es por lo que, conlleva a éste tribunal a declarar la remisión de la presente comisión al Juzgado comitente, cumplida parcialmente como ha sido.

no teniendo éste tribunal conocimiento sí dentro del tiempo transcurrido hayan realizado las partes actos de autocomposición procesal, y al no tener un tiempo de perención las medidas preventivas dado a su naturaleza propia de existencia, ya que ésta perdura hasta el pronunciamiento de la sentencia, o por medio de un acto de autocomposición procesal; no obstante, a ello, se le debe sancionar a la parte ejecutante por la falta de impulso procesal; equivalente a la perención establecida en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil por la inactividad, es por lo que, conlleva a éste Tribunal Segundo Ejecutor de Medidas, declarar la remisión de la presente comisión al Juzgado Comitente. Así se decide, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.

al no tener un tiempo de perención las medidas preventivas dado a su naturaleza propia de existencia, ya que ésta perdura hasta el pronunciamiento de la sentencia, o por medio de un acto de autocomposición procesal; no obstante, a ello, se le debe sancionar a la parte ejecutante por la falta de impulso procesal; equivalente a la perención establecida en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil por la inactividad, es por lo que, conlleva a éste Tribunal Segundo Ejecutor de Medidas, declarar la remisión de la presente comisión al Juzgado Comitente. Así se decide, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.

la falta de impulso procesal acarrea el efecto de aplicar la sanción a la inactividad de la parte ejecutante equiparable a la perención establecida en su encabezamiento del artículo 267 Ejusdem, conllevando a éste tribunal a declarar la remisión de la presente comisión al Juzgado comitente a objeto que el mandamiento librado sea archivado en su causa principal, para que transcurra el tiempo para la prescripción de la Actio Judicati, tal como lo establece el artículo 1977 del Código Civil o, ejerza nuevamente el derecho que la misma contiene. Así se decide, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, condena a la parte demandada, sociedad mercantil Constructora Cucchia, C. A., a pagar al demandante ciudadano, Teodoro Fernando Guevara Mariñez, los conceptos y montos señalados que suman VEINTIUN MIL DOCE BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 21.012,97). Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Visto el acuerdo celebrado por los ciudadanos YEGLENDY CAROLINA SEGURA PARRA y FRANKLIN JAVIER GIL FERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nº 15.399.316 y 19.956.207 respectivamente, por ante la sala de este Tribunal en esta misma fecha, sobre el establecimiento de la obligación de manutención en beneficio de... de 06 meses de edad, donde el padre se obliga a cancelar la cantidad de 100,00 bolívares mensuales y en el mes de diciembre la cantidad de 200,00 para cancelar los gastos de vestuarios y calzados del niño en cuestión; así como también ambos progenitores se obligan a cancelar el 50% de los gastos de honorarios médicos y medicinas cuando el niño lo amerite y dichas cantidades de dinero las depositara en una cuenta de ahorros que la madre tiene en la Entidad Bancaria Mercantil y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio no vulnera los derechos del niño, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,.....

Vista la conciliación celebrada entre los ciudadanos DANIEL JOSE TERAN PIMENTEL y ASDIA ELIODINA RODRIGUEZ VILLANUEVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nº 14.172.418 y 17.618.193 respectivamente, por ante la Sala de este Tribunal en esta misma fecha, sobre el establecimiento de la Obligación de Manutención en beneficio de ..., donde el padre se obliga a cancelar la cantidad de 300,00 bolívares mensuales y en los meses de septiembre y diciembre la cantidad de 1.000,00 bolívares para cancelar todos los gastos de uniformes, útiles escolares, vestuarios y calzados de los niños; así como también cancelar los honorarios médicos y medicinas cuando ellos lo ameriten y dichas cantidades de dinero las entregara a la madre previo recibo firmado y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio no vulnera los derechos de los niños, el Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su homologación y le da carácter de cosa.....

Y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio de conformidad con el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, no vulnera los derechos del niño, el Tribunal le imparte su Homologación, de conformidad con el artículo 317 de la mencionada Ley, en concordancia con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. La Juez Abg. Thayrhayr Sáez de Oliveros. La Secretaria Suplente, Ramona Gregoria Andrade Naileth Orellana

TERCERO: En razón de lo expuesto este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL SECCION ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Acuerda: con lugar lo solicitado por la fiscal y se acuerda Imponer al adolescente IDENTIDAD OMITIDA POR RAZONES DE LEY las medidas cautelares sustitutivas de Libertad de conformidad con el artículo 582 literales "c" y "f" de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del adolescente, consistentes en: la Presentación periódica por ante este tribunal cada 15 días y la prohibición de comunicarse y acercarse a la victima, ni a sus familiares. Es justicia en Guanare, a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero del año Dos Mil Nueve. La Jueza de Control N° 2, Abg. ROSANNA PIRELLI MARTINEZ. La Secretaria, Abg. NINA GONZÁLEZ

En fuerza de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y con Competencia en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial el Estado Portuguesa, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar, la demanda de reclamación de daños materiales por accidente de tránsito, incoada por el ciudadano JOSE GREGORIO MATERAN TORO, contra los ciudadanos BENIGNO RAMON FERNANDEZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO LINARES y la empresa de seguros ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CONSUMO E IMPORTACION PARA EL TRANSPORTE UNIDO DEL ESTADO PORTUGUESA LA RUEDA; y sin lugar la demanda reconvencional formulada por los ciudadanos BENIGNO RAMON FERNANDEZ MARQUEZ y JOSE ANTONIO LINARES, contra la parte actora, ambos identificados. Se declara parcialmente con lugar la apelación de la parte demandada y queda revocada la sentencia definitiva, dictada en fecha 08-10-20.....