En el presente caso, se evidencia que la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAS ACARIGUA, C.A, por medio de su representante legal, otorgó poder para la defensa sus derechos e intereses a la abogada Iris Josefina Segovia Segovia, por ante la Notaria Pública Vigésima Segunda de Caracas, en fecha catorce (14) de Diciembre de 2016, bajo el número 26, tomo 104, folios 153 hasta el 155, y posteriormente a la abogada ANNALEKA QUIARA LEDEZMA por ante la Notaría Pública Vigésima Segunda de Caracas del Municipio Libertador, en fecha 06 de Noviembre de 2019, anotado bajo el Nº 27, Tomo 98, folios 126 hasta el 128, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, observándose de la lectura de los mismos el carácter general de los mismos, para la defensa de los derechos e intereses de la empresa, razón por la cual, debe forzosamente este Juzgador declarar IMPROCEDENTE LA IMPUGNACION DEL PODER realizada por la representación judicial de la parte demandada, al no operar la revocatoria tácita a .....

En este sentido, la ponderación de los intereses particulares y colectivos sobre el derecho reclamado, dirigen a este juzgador a examinar y contrapesar los intereses que están en contradicción, siguiendo al autor Rober Alexi "...La ponderación hace posible construir fundamentaciones claras, consistentes, saturadas, lógicas y coherentes..." (Robert Alexi, Teoría de Los Derechos Fundamentales, Madrid, 2012, p. XLVII). Por consiguiente, al sopesar el efecto que pueda causar la providencia decretada, sobre las actividades agrarias que realizan los demandados en el fundo, pudiere ocasionarse situaciones poco positivas para la consecución de los ciclos biológicos fomentados, razón por la cual, debe levantarse parcialmente la medida decretada, única y exclusivamente a lo concerniente a las actividades agrícolas desarrolladas por los ciudadanos ALBIS GREGORIO LEAL RAMIREZ, FREDDY ARCADIO SALAZAR HERRERA y de las ciudadanas HILDA ÁLVAREZ LUCENA y NAYLIBETH SALAZAR ÁLVAREZ, sobre el lote de te.....

Por lo que previo análisis de los hechos en que se fundamenta la solicitud de medida, se concluye que en este caso los requisitos de procedencia de la medida cautelar, no se encuentran cumplidos, debido a que, la solicitud adolece de insuficiencia argumentativa y probatoria, que no cumple con las cargas procesales, que este tribunal no puede suplir de oficio. Es decir, carece de la articulación necesaria y exhaustiva, y además no realiza el aporte de los elementos probatorios con indicaciones de los hechos que hagan presumir gravemente el fumus boni iuris y el periculum in mora, y el daño inminente o periculum in damni; por lo que en consecuencia no se encuentran cumplidos los extremos de ley para el otorgamiento de la medida cautelar innominada de "Nombramiento de un Veedor Judicial", solicitada, razón por la cual resultará forzoso para este sentenciador negar la medida peticionada. Así se establece.

En tal sentido al no verificarse los extremos establecidos en los artículos 585 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es deber del juez negar el decreto de providencia cautelar peticionado, relativa a la medida preventiva nominada, más aun cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 14 de febrero de 2004 (caso: Eduardo Parilli Wilhem), estableció: "(...) el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los -requisitos de procedencia violará flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicito la medida y no cumplió sus requisitos..."