En por las anteriores consideraciones, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento formulado por el abogado LUIS ALEJANDRO MÉNDEZ GUAITA.

SEGUNDO Oídas como han sido las partes, esta Instancia considera que tomando en cuenta los argumentos de la defensa y de la Fiscal Quinta (E) del Ministerio Público, Abg. MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ, quien manifestó que la investigación no estaba concluida, debido a que le faltan diligencias de investigación que practicar, necesarias para presentar el correspondiente acto conclusivo, específicamente el informe médico legal practicado a la victima, para así determinar que tipo de lesiones le fueron producidas y habiendo solicitado un plazo de treinta (30) días, para presentar el correspondiente acto conclusivo, es por lo que esta juzgadora acuerda el plazo solicitado, ello en virtud de que ha transcurrido un lapso mayor a seis (06) meses, desde que se individualizo al adolescente sin que hasta la presente fecha se haya presentado el respectivo acto conclusivo siendo necesario ese lapso solicitado por la fiscal para presentar el mismo a fin de garantizar la Tutela Judicial Efectiva.....

Como consecuencia de los resultados obtenidos en la presente Audiencia Preliminar, han decidido suscribir la presente transacción, manifestando expresamente las partes estar de acuerdo con la cantidad antes indicada y las condiciones establecidas para el pago de la obligación. Así mismo declara el demandante que esta transacción la suscribió de forma libre y voluntaria, consciente, cumpliendo con lo estipulado en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, manifestando que la demandada no le adeuda nada mas por estos ni por ningún otro concepto, dando así por terminado este procedimiento. Por cuanto los acuerdos contenidos en la presente acta, son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de las controversias; reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; no son contrarios a derecho; no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenun.....

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la demanda de divorcio incoada por el ciudadano JESÚS EMILIO GÓMEZ ACEVEDO contra la ciudadana CARMEN AMPARO RIVAS, fundamentada en la causal segunda del Artículo 185 del Código Civil. En consecuencia, bajo la premisa del Artículo 184 eiusdem, queda DISUELTO el vínculo conyugal contraído por los referidos ciudadanos, por ante la Prefectura Civil de la Parroquia El Regalo, Municipio Autónomo Sosa del Estado Barinas, en fecha dos de diciembre del año mil novecientos noventa y cuatro (02/12/1994), según consta en el acta N° 14.

DISPOSITIVA Por los motivos y razonamientos de hecho y de derecho ya señalados, este Juzgado del Municipio San Genaro de Boconoito con Competencia en Asunto Alimentario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO EL CONVENIMIENTO realizado por los ciudadanos MARIA MARLENYS RODRIGUEZ BASTIDAS y JOSE GREGORIO OVIEDO SERENO, en los términos por ellos acordados, Se hace del conocimiento que se hará el aumento de acuerdo al ajuste automático establecido en el Artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Dado, firmado y sellado en la sala del Juzgado del Municipio San Genaro de Boconoito con Competencia en Asunto Alimentario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Boconoito a los 13 días del mes de Febrero del año dos mil seis. Años: 195° de la Inde.....

Visto el convenimiento realizado por el ciudadano EMANUEL DE GOUVEIA CANADA, por ante la sala de este Tribunal, sobre el establecimiento de la obligación alimentaria en beneficio del adolescente ENMANUEL JOSE DE GOUVEIA NAVARRO, donde el padre se obliga a cancelar la cantidad de 100.000 bolívares mensuales, en el mes de septiembre la cantidad de 200.000 bolívares para los gastos de uniformes y útiles escolares y en el mes de diciembre la cantidad de 300.000 bolívares para cancelar los gastos de vestuarios y calzados del adolescente en cuestión, los cuales serán depositados en una cuenta que deberá ser aperturada por la ciudadana MARIA ISABEL NAVARRO CAMACHO, en la entidad bancaria Banfoandes, a nombre de este Tribunal y en beneficio del adolescente Enmanuel José de Gouveia Navarro y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio no vulnera los derechos del niño, el Tribunal le imparte su homologación y le da carácter de cosa juzgada, de acuerdo con los artículos 315 y 317 de la Ley Orgánica p.....

Visto el acuerdo celebrado entre los ciudadanos ELY DIOMAR SILVA y ROSA ICELA CORDERO MONTAÑA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 14.732.383 y 15.308.812 respectivamente, sobre la OBLIGACIÓN ALIMENTARÍA del ciudadano ELY DIOMAR SILVA, en beneficio de sus hijos los niños HECTOR DIOMAR SILVA CORDERO,. HELIANNIS HILARIA SILVA CORDERO y ROSBELY FELICIA SILVA CORDERO, 5, 3 años de edad y 10 meses de nacida, la cual ha sido fijada por la cantidad de Bs. 100.000,00 mensual, en el mes de diciembre se obliga a comprar vestuario y calzado; así como también se obliga a cancelar las medicinas; y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio no vulnera los derechos del niño, el Tribunal le imparte su homologación y le da carácter de cosa juzgada, de acuerdo con los artículos 315 y 317 Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente. Asimismo se acuerda la apertura de una cuenta de ahorro en la entidad bancaria Banfoandes a nombre de los referidos niños y.....

Visto el acuerdo celebrado entre los ciudadanos ELIEZER GREGORIO RODRÍGUEZ ROBLES y TERESA MAGALY VALLADARES TERÁN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 12.239.556 y 14.569.873, respectivamente, por ante este Tribunal y en esta misma fecha, sobre el establecimiento de OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, en beneficio del niño ELIEZER ALEXANDER RODRÍGUEZ VALLADARES, de 08 años de edad, donde el padre suministrará la cantidad de Bs. 70.000,00 mensuales, en septiembre de cada año cancelará el 50% del valor de los uniformes y útiles escolares, en el mes de diciembre de cada año, cancelará el 50% del valor del vestuario y calzados así como también, cancelará el 50% de los honorarios médicos y las medicinas para su hijo en cuestión; este Tribunal le imparte su homologación y le da carácter de cosa juzgada de acuerdo con los artículos 315 y 317 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se acuerda la apertura de una cuenta de ahorros en Banfoan.....

DISPOSITIVA En atención a los fundamentos señalados, este Juzgado en Función de Ejecución N° 1 del Circuito Judicial penal del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta la reforma del auto de ejecución dictado por este Juzgado en fecha 02 de Agosto del año 2.004 de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de este Circuito Judicial Penal, en función de Juicio N° 1 de este Circuito Judicial penal seguido al ciudadano LUIS REYES MEDINA OCHOA, identificado precedentemente, procesado por la comisión del delito de Tráfico de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicos, en la modalidad de transporte, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley sobre Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicos vigente para la fecha de comisión del hecho, en perjuicio de Estado Venezolano. La Juez de Ejecución No. 1 Abg. Carmen Zoraida Vargas López La Secretaria, Abog. Reina Rangel Se.....

Ahora bien tomando en cuenta que en este estado actualmente se tramita la reglamentación del Instituto Penitenciario de Capacitación Agrícola y Artesanal en Centro de Tratamiento Comunitario, cuya demora no es imputable al penado, ni tiene por qué constituir el desconocimiento de los derechos inherentes a su condición de penado, además que la tutela efectiva de sus derechos, garantizada por el artículo 26 del Texto Constitucional, no puede supeditarse a este hecho, por lo que esta Instancia, consecuente con este criterio sostenido hasta ahora, por quien con el carácter de juez suscribe, no obstante que la decisión mediante la cual se restituyó el destino a establecimiento abierto del penado no estaba sujeta al recurso de revocación, como lo consideró el Juzgado en Función de ejecución N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, la cual por otra parte no fue objeto de apelación por parte del ministerio público, a los fines de garantizar la sujeción del penado al proceso y con.....